EL NUEVO INFORME DENUNCIA UN AUMENTO DE LA VIOLENCIA POLICIALLas denuncias por tortura afectan a todo el Estado y a todos los cuerpos policiales
Alvar Chalmeta / Redacción
En abril y mayo del año pasado el Gobierno español, el Parlament catalán y el Congreso aprobaron o firmaron diversas declaraciones en rechazo de la tortura y su impunidad, y a favor de la protección de los derechos humanos en cárceles y otros centros de detención. Un año más tarde, no sólo no se han aplicado ninguna de las medidas sino que al menos 598 personas han presentado denuncias por torturas y/o malos tratos.
La Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT), formada por 40 organizaciones del conjunto del Estado, ha elaborado por segundo año consecutivo un informe sobre la situación de esta práctica policial en el Estado español. Según el documento, el número de casos o situaciones que acabaron en denuncias de torturas y/o malos tratos ha aumentado un 12% pasando de 276 casos en el año 2004 a 309 denuncias, que afectaron a 598 personas, en 2005. La diferencia entre el número de denuncias y el número de afectados se debe a que varias personas pueden haber sido objeto de la violencia policial al mismo tiempo, por ejemplo en una carga policial o en un desalojo.
La CPT matiza que no ha recogido todos los casos, ya que ha excluido los no suficientemente contrastados. La coordinadora reconoce también que desconoce qué porcentaje representan las denuncias incluidas en este informe sobre todos los casos de tortura y/o malos tratos realmente producidos. Sin embargo, las denuncias recogidas abarcan todo el Estado e implican a agentes de todos los cuerpos policiales y a numerosos funcionarios de prisiones.
El informe, que se puede consultar en prevenciontortura.org, ha sido elaborado mediante entrevistas personales con los denunciantes, con información facilitada por abogados, resoluciones judiciales, datos de las organizaciones que forman la CPT u otras organizaciones de defensa de los DD HH o, finalmente, con informaciones de los medios de comunicación, siempre que hubieran podido ser contrastadas por otras fuentes.
Entre los 600 casos analizados la CPT ha incluido también las muertes de 67 personas que se encontraban bajo la custodia de funcionarios (41 en prisiones). Un número muy elevado si se tiene en cuenta que la CPT no ha recogido en el informe un importante número de personas que resultaron heridas, a lo largo del año 2005, por disparos de agentes, ni numerosos intentos de suicidio en las prisiones y, en menor medida, en dependencias policiales.
Respecto a las características de las personas que presentan denuncias por torturas, Jorge del Cura, miembro de la CPT, afirma que “el porcentaje de denunciantes no tiene nada que ver con el porcentaje de personas que sufren tortura. Quienes denuncian suelen ser personas que o bien tienen una cierta conciencia política de movimientos sociales o relacionados con banda armada y esos sectores o bien personas que se creen con cierto respaldo, sino económico sí social, como para poner una denuncia.
Ahí está el caso de los accidentes de tráfico o personas que están en una fiesta y son apaleadas. Este año hemos suprimido el apartado de personas torturadas después de haber sido detenidas por pequeños robos, porque cada vez llegan menos denuncias. Está muy especializada la violencia”. Y añade, “las denuncias se ponen en grandes núcleos urbanos; es muy raro que haya en los pequeños centros rurales. Es también sintomático, puesto que en esas localidades también se da la violencia policial, pero no se denuncia o no llegan a nuestro conocimiento”.
Una de las causas de la persistencia de los abusos policiales, pese a las declaraciones públicas en su contra, está, según del Cura, en “cierta autonomía y capacidad de decisión propia que las policías y los funcionarios de prisiones siempre han intentado, por lo menos desde que estamos en democracia por decirlo así y conseguido mantener. Salvo cuando tocan a personas de determinados rangos o estratos sociales, como por ejemplo en el caso de los dos militantes del PP, no suelen tener problemas.
El resto de la ciudadanía somos daños colaterales”. Y la permisividad está instalada en todas las administraciones. Si son llamativas las 178 denuncias por torturas contra la policía local de Valencia, mucho más llamativa es la respuesta dada por el ayuntamiento: “Se han equivocado y el número es 156”.
LO QUE PASARÁ NO ESTÁ CLARO. NO HAY UNIDAD
Según Jorge del Cura, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, “no sabemos si los 600 casos que nosotros recogemos son el 2% o el 100% de la realidad. Pero marcan las mismas tendencias que otros informes -como la memoria anual de la Fiscalía o de instancias internacionales- por lo que pensamos que es una buena fotografía o esbozo a mano alzada de la realidad”. Y la fotografía no es halagüeña:
EN TODO EL ESTADO
Según el informe, que incluye un breve resumen de cada caso, Euskadi sur (incluye Navarra), con 141 denuncias por tortura o malos tratos, está a la cabeza seguida de Andalucía (132), Madrid y Cataluña (77 ambas), Melilla (37) y la Comunidad Valenciana (36). Sólo de siete regiones (Albacete, Castellón, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Logroño y Ourense) no consta información. Algunas circunstancias excepcionales han hecho, en ciertas zonas, aumentar las denuncias; así, en Melilla la represión de unidades de la Guardia Civil desplegadas en la frontera con Marruecos ha multiplicado por cuatro las denuncias respecto a 2004.
TODOS LOS CUERPOS POLICIALES
646 agentes han sido acusados de malos tratos. Encabeza la lista el Cuerpo Nacional de Policía con 191 agentes denunciados, con 69 denuncias presentadas por 174 personas, y las diferentes policías locales, con 157 agentes denunciados, un 25%. Sigue la Guardia Civil con 97, las policías autonómicas con 91 agentes implicados y los funcionarios de prisión con 81.
LA TARDANZA DE LOS TRIBUNALES
La lentitud en la tramitación de las denuncias, más de 20 años en algunos casos, es, un año más, una de las quejas recogidas en el informe. Según afirma Jorge del Cura, “la mayoría de las denuncias, aunque tú hables de tortura, en realidad las van a registrar como delitos contra la integridad física o moral o por cualquier otro. De hecho, cuando llegan las condenas, incluso se castigan como faltas”. Los funcionarios investigados durante 2005 por los tribunales, al margen de cuándo ocurrieron los hechos, en un 52% de los casos están todavía en fase de investigación. Un 31% de los agentes ha sido absuelto y sólo un 17% ha sido condenado.
TIPO DE PERSONAS AGREDIDAS
Las denuncias de personas torturadas y/o agredidas por haber participado en movilizaciones sociales representan un 23% del total, las de inmigrantes un 19% (en la mayoría de estas denuncias, se han producido agresiones por motivo de la raza). Por su parte, las denuncias de personas detenidas en régimen de incomunicación y bajo acusaciones relacionadas con banda armada, representan un 11%, el mismo porcentaje que los presos. El 10% de las denuncias son muertes producidas bajo custodia y en un 6% de los casos las denuncias son de personas agredidas después de un incidente de tráfico.
